Reportaje

Testimonio del CERMI en las comunidades de Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia

Cifras y rastro de la crisis en asociaciones de la discapacidad

24/11/2011

Blanca Abella

A pesar de que una gran mayoría de las comunidades autónomas niega los recortes en servicios sociales, muchas entidades de la discapacidad, están viendo cómo sus recursos económicos son cada vez menores.

Quizás lo peor no sean esos recortes que algunas comunidades anunciaron recientemente y con insistencia, como Cataluña. Lo peor no es lo que anuncian que harán sino lo que están haciendo, lo que dejan de pagar en los compromisos ya adquiridos.

Según los cálculos recientes del CERMI, sólo aproximados, las administraciones territoriales (comunidades autónomas, fundamentalmente, y ayuntamientos y diputaciones, en menor medida) tienen una deuda de 189 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno al CERMI. Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestaciones de bienes o servicios efectuados por organizaciones del tercer sector de la discapacidad, vencidas y no abonadas. De esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con centros especiales de empleo.

Y las cifras siguen subiendo cuando se suman otros datos que vienen a empeorar la situación, como son aquellos procedentes de las obras sociales de las cajas de ahorros. Las entidades de la discapacidad han apreciado una rebaja media superior al 50 por ciento en el último año, respecto a años anteriores.

Cataluña

La comunidad catalana se convirtió en el centro de todas las atenciones cuando el nuevo presidente, elegido en las elecciones autonómicas de hace un año, Artur Mas, a las pocas semanas de tomar posesión, decidió aplicar un recorte de la estructura administrativa en el que se rebajaba un veinte por ciento el número de consejerías y un catorce por cientos los altos cargos. Poco después, el verano pasado, Mas sorprendía con un anuncio sobre nuevos recortes. En esta ocasión, sanidad y educación resultarían tocados directamente, ya que veían reducido su presupuesto un 6 y un 7 por ciento, respectivamente.

Pero las cosas no quedaban ahí, el pasado mes de septiembre, la consejería de Bienestar y Familia anunciaba que no pagaría los compromisos del mes de septiembre y octubre a las entidades prestadoras de servicios. De nuevo la discapacidad se veía seriamente afectada. El COCARMI rechazó de inmediato esta decisión y solicitó una reunión con el consejero, alegando que desde el mes de agosto se habían visto ya afectados por recortes y reajustes en el conjunto de servicios y dispositivos que atienden a la discapacidad. La consecuencia de esta medida podría ser el cierre de muchas entidades, lo que llevó al COCARMI a plantearse movilizaciones de inmediato. 

 "El discurso político de la consejería de Cataluña es mantener 2011-2012, y a nosotros nos gustaría que fuera algo más que mantener, que fuera avanzar" 

Antes de que se llegaran a ese punto, las autoridades catalanas supieron reaccionar y escucharon al COCARMI. Así lo relata su presidente, Francesc Pérez: “A nivel global sí hubo una alarma en septiembre y octubre, cuando en la consejería anunciaron que no nos iban a pagar el compromiso directo de subvención para centros ocupacionales, gente mayor, residencias, etc. pero tras unos días de negociación se pudo resolver; debemos reconocer que hay voluntad de la consejería y una buena respuesta tras las negociaciones, si bien el discurso político de la consejería de Cataluña es mantener 2011-2012, y a nosotros nos gustaría que fuera algo más que mantener, que fuera avanzar”.

Castilla-La Mancha

El CERMI Castilla-La Mancha lleva reclamando desde hace dos años el pago de las deudas pendientes de la administración regional.

Las asociaciones del sector de la discapacidad están atravesando una situación muy crítica por los impagos del Gobierno regional y por la falta de financiación, que ha provocado que muchas de ellas tengan que dejar de pagar las nóminas de sus trabajadores y proveedores.

"Si se nos considera prioritarios para los pagos, esperamos que también sea así en el caso de los recortes de servicios y ajustes, servicios que deberían incrementarse" 

El CERMI regional no sólo está preocupado por lo que la Junta le adeuda, también le inquieta qué pasará en el año 2012, en un futuro cercano, ya casi presente. A pesar de todo, tal y como reconoce José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha, son conscientes de la situación económica del ejecutivo de Cospedal y entienden que la Junta está haciendo todo lo posible para solucionar el problema, pero insisten, hay que priorizar el pago a los sectores como el de la discapacidad, deben ser considerados “pagos urgentes y prioritarios”. “Están respondiendo, nos reciben y estamos considerados prioritarios en temas de pago, pero necesitamos que se nos pague todo lo que se debe porque si no el fin de año será muy crítico. Y a ver qué pasa para el año que viene. Si se nos considera prioritarios para los pagos, esperamos que también sea así en el caso de los recortes de servicios y ajustes, servicios que deberían incrementarse”, explica Romero.

Después de reuniones y promesas, el Gobierno castellanomanchego cumplió con algunos pagos atrasados de varios millones de euros, sin embargo, según los cálculos del CERMI Castilla-La Mancha, aún faltan más de 30 millones por pagar.
La entidad entiende estos pagos como necesarios para afrontar el nuevo año y además explica en un manifiesto otras inquietudes del sector.

Solicitan, “en el menor plazo de tiempo posible”, un calendario concreto y real de pagos para que la incertidumbre que esa indefinición de fechas ha generado en el sector pueda acabarse y planificar las actuaciones precisas que ayuden a salir adelante.

Asimismo, el Comité quiere que se conozcan, “lo antes posible”, las previsiones presupuestarias del Gobierno de Castilla-La Mancha para la elaboración de presupuestos destinados a las políticas de acción para las personas con discapacidad y sus familias y poder, así, colaborar con los diferentes departamentos en la planificación de las actuaciones dirigidas a este colectivo.

Otra de las demandas que recoge el Manifiesto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha diseñe en coordinación con el CERMI CLM un plan de estabilidad a corto, medio y largo plazo para todo el sector que permita garantizar unos derechos sociales de calidad a las personas con discapacidad y sus familias, así como su participación social e inclusión social, laboral y educativa en la región.

Además, el Comité solicita una revisión de los modelos de gestión de las colaboraciones entre la Administración y las asociaciones del sector en la gestión y prestación de servicios públicos, de cara a garantizar el “mejor sistema de cooperación” que posibilite que situaciones como las actuales “no se repitan en años sucesivos”.

Andalucía

Las reacciones en el movimiento asociativo son similares, puesto que la situación es muy parecida también, con más intensidad en unas comunidades que en otras, pero con una misma razón.

"La Junta adeuda impagos “importantes” a las entidades y, de continuar así, muchos centros se verán obligados a cerrar"

En el CERMI Andalucía utilizan incluso las mismas palabras que en Castilla-La Mancha, reclaman que la discapacidad sea considerada “urgente y prioritaria” a la hora de realizar los pagos atrasados. Así se lo trasmiten a la Junta, y así se lo comunicaron al presidente de la misma, José Antonio Griñán, en una reunión que mantuvieron en el mes de octubre.

Durante el encuentro, en el que se analizó la situación económica que están atravesando las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad, el presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, manifestó que la Junta adeuda impagos “importantes” a las entidades y que, de continuar así, “muchos centros se verán obligados a cerrar”.

Tras dicha reunión, el CERMI detallaba algunos datos de esa deuda, ya insoportable. Y es que solamente la Consejería de Empleo adeuda impagos por valor de más de 30 millones de euros. Los Centros Especiales de Empleo, la formación profesional para el empleo y los programas de orientación laboral del movimiento asociativo andaluz son los grandes afectados por el impago de dicha consejería.

El Comité Ejecutivo de CERMI presentó al presidente Griñán un documento con las principales prioridades del sector. Entre ellas que en el menor plazo de tiempo posible, se establezca un calendario concreto y real de pagos para que finalice la incertidumbre generada por esa indefinición de fechas y se puedan planificar actuaciones precisas para salir adelante.

Además, el documento recoge la necesidad de conocer “lo antes posible” las previsiones presupuestarias del Gobierno de Andalucía para la elaboración de presupuestos destinados a las políticas de acción para las personas con discapacidad y sus familias y poder colaborar con los diferentes departamentos en la planificación de las actuaciones dirigidas a este colectivo.

Asimismo, pide que el Gobierno de Andalucía diseñe en coordinación con el CERMI andaluz un plan de estabilidad a corto, medio y largo plazo para todo el sector, que permita garantizar unos derechos sociales de calidad a las personas con discapacidad y sus familias, así como su participación e inclusión social, laboral y educativa en la región.

Murcia

En el CERMI Región de Murcia son conscientes de que la situación es crítica para todos, en toda la comunidad autónoma. “Es muy preocupante”, aseguran. Sin embargo, entienden que la Administración está haciendo esfuerzos para atender a las organizaciones de la discapacidad “con cierta deferencia”.

"La Administración está haciendo esfuerzos para atender a las organizaciones de la discapacidad “con cierta deferencia", pero no está sabiendo priorizar"

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, impartió instrucciones para que, tras el pago a los funcionarios, tuvieran preferencia el pago de los compromisos con las organizaciones de la sociedad civil.

Y a pesar de todo, las cosas no se hacen bien, ya que aseguran en la entidad que “no está sabiendo priorizar”. Según el CERMI Región de Murcia, “hay cantidades pequeñas que libradas en su momento conseguirían el alivio de varias organizaciones y mejoraría notablemente la sensación que se tiene actualmente respecto a la financiación”.

A fecha de hoy, son muchas las cifras que quedan pendientes y que condicionan cada vez más el discurrir de muchas organizaciones, su supervivencia, y ponen en un serio compromiso su objetivo, ya sea la educación de las personas con discapacidad, la sanidad de las mismas, el empleo, los servicios sociales…

Según las cuentas del CERMI Región de Murcia, en temas de política social, la deuda con las organizaciones asciende a más de 800.000 euros. En educación las cantidades suman más de un millón de euros. En sanidad, unos 150.000 euros. En formación, 600.000 euros.

Y en subvenciones, destaca la deuda con tres federaciones, son cantidades para el mantenimiento de organizaciones que no tienen otra forma de financiarse. No son grandes cifras para la Comunidad y causan un perjuicio enorme que afecta a su supervivencia. La suma de esta deuda asciende a unos 650.000 euros.

Además de los datos sobre la crítica situación, el CERMI comenta la esperanza que aún deposita en el Gobierno de la región, y es que se ha establecido una mesa de trabajo entre la Administración y el tercer sector para elaborar un calendario de pago de deudas y, posiblemente, debatir las cantidades presupuestadas para el ejercicio 2012. Esta mesa de trabajo estaría compuesta por:

• Consejera de Sanidad y Política Social
• Consejero de educación, Formación y Empleo
• Consejero de Hacienda
• Presidenta de la Comisión de Sanidad y Política Social en la Asamblea Regional
• Dos representantes del CERMI
• Dos representantes de la Red contra la exclusión social y la pobreza